Gabriela Balarezo
Problemática social de la ciudad
En suma, es un tema complejo, como expresa el abogado Herrera. Con matices y aristas. No es negro o blanco. Es una imagen que deben verse y analizarse en escala de grises. En su caso, y a pesar de reconocer que las ventas que ve a diario en su barrio no son legales, pesa más el sentimiento. La empatía.
Cuando pasa con su esposa cerca de algún puesto les hace el gasto en lugar de comprar en una gran cadena. Dice que esta compra es irrelevante para el supermercado, pero a ellos les completa el día. Él que los ha visto llegar muy temprano en la mañana e irse cuando ya está oscuro. Están allí cuando llueve, cuando hay neblina o cuando el sol es inclemente.
“Las ventas ambulantes atienden a un problemática social de la ciudad. Hay demasiado desempleo. La gente solo quiere ganarse un poco de dinero para vivir. No podemos ser insensibles a esta realidad. Para los que tenemos trabajo, tenemos comodidades y estamos bajo techo es muy fácil decir que se prohiba y que se vayan. No podemos ser insensibles con la crisis social que existe”, enuncia Herrera.
Desde la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio entienden que el origen del aumento o concentración de trabajadores no regularizados en todo Quito está en el creciente desempleo. Por eso, anuncia Hernández, tienen planeado reunirse con las autoridades del Ministerio de Trabajo del nuevo gobierno para abordar el problema desde sus raíces. Una alternativa que manejan es la creación de una bolsa de empleo especial para este tipo de comerciantes.
Hernández explica que para abordar esta problemática en la González Suárez y otras zonas de la capital están preparando un censo —para ejecutarse en las próximas semanas— que les permita conocer el número real de trabajadores no regularizados. En la ordenanza consta que este recuento debe hacerse cada dos años. Con las cifras concretas podrán trazar estrategias a mediano y largo plazo. Por lo pronto, han atendido (reubicándolos) los casos más urgentes de acumulación de vendedores ambulantes que se dan en San Roque y la Ciudadela Urbana.
Por su parte, los vecinos también se aventuran a plantear propuestas. Para el abogado Herrera no hay una solución cierta, pero conjetura que solo prohibir la presencia de la venta informal en el barrio no va a servir de mucho. Se van a ir y dentro de unos meses — cuando los ánimos se calmen— volverán.
Mientras que Morán cree que, en primera instancia, una posible solución está en manos de las autoridades y el Municipio. Podrían flexibilizar, de alguna manera, los requisitos para quienes quieren emprender y ajustar los impuestos. En lo práctico, plantea replicar lo que se hace en Argentina, en donde existen kioscos para los comerciantes, pero con el plus de que se usen con turnos rotativos.
En la misma línea, la residente Fernanda Paredes propone realizar ferias inclusivas durante los fines de semana en las que los vendedores puedan ofertar sus productos. Como alternativa podrían usarse los parqueaderos abandonados del Hotel Quito (apelando a la ayuda de la empresa privada).
“El sector de la González Suárez es muy unido y debería propiciar escenarios junto con las autoridades”, dice Paredes. Con el mismo impulso con el que luchan para salvaguardar lugares emblemáticos como el Hotel Quito o Guápulo, pero en pos de lograr una convivencia armónica entre todos quienes conforman el barrio. Incluidos los comerciantes informales.
